Aborto Seguro
'En Argentina hay una opinión pública a favor de la despenalización'

En Argentina cada año unas 100 mujeres mueren por complicaciones de abortos clandestinos y la mayoría no cuenta con recursos para hacerlo en condiciones más seguras. Los datos del Informe sobre Muerte y Negociación: Aborto Inseguro y Pobreza de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) se presentaron la semana pasada en Buenos Aires. En diálogo con Artemisa Noticias, la directora regional Carmen Barroso hace un diagnóstico y explica las dificultades en Estados Unidos donde les retiraron el apoyo.

Alejandra Waingandt

Carmen Barroso dirige la oficina para las Américas de la IPPF, una de las organizaciones con más compromiso en el desarrollo de políticas por el control de la reproducción en los países más pobres.

Ella misma se inició en el campo de los derechos sociales hace muchos años con los movimientos juveniles que luchaban contra las dictaduras de Latinoamérica. Con el tiempo obtuvo su doctorado en psicología social de la Universidad Columbia y fue becaria en el Departamento de Población de la Universidad Cornell. Trabajó en la Universidad de San Pablo y fue una de las fundadoras de DAWN, una red de mujeres del Tercer Mundo y de la Red de Donantes sobre Población, Salud Reproductiva y Derechos. Llegó a la oficina Región del Hemisferio Occidental de la IPPF más tarde desde la Fundación MacArthur, una institución que suministra fondos a grupos e individuos para mejorar la condición humana. Ahí Barroso tuvo a cargo la Oficina de Población y Salud Reproductiva durante trece años y como directora llevó adelante políticas de donaciones innovadoras y de vanguardia en programas de salud sexual y reproductiva. La IPPF la convocó por ese trabajo.

-¿Qué dificultades enfrenta la organización a nivel mundial a la hora de desarrollar las actividades?
-Hay una onda conservadora en muchos países, hay grupos organizados muy radicales, extremistas, que intentan evitar cualquier avance. Están luchando en todas partes, pero son minorías. Están en contra de la tendencia mundial favorable al libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en contra de las sociedades, pero estos sectores no tienen capacidad como para obstaculizarnos. Igual reconozco que enfrentamos muchos retos, incluyendo la oposición política y la falta de fondos para nuestro trabajo.

-¿Desde cuándo enfrentan ese conservadurismo y cuáles sus consecuencias?
-Esta tendencia siempre existió, pero ganó mayor peso con el gobierno de (George W.) Bush, pues el presidente está en la Casa Blanca y posee muchos recursos. Financia estos grupos radicales de una forma amplia, promoviendo la educación para la abstinencia, predicando que el sexo sólo debe existir en el matrimonio. El gobierno lleva adelante una política que trata de no informar científicamente a la gente sobre las formas de evitar un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual, etc. Esto es gravísimo. En todas partes del mundo hay gente comprometida con los derechos humanos, pero cuando vienen los dólares americanos también vienen lineamientos ideológicos y una imposición en la agenda. A veces no hay opciones y acaban aceptando, acaban luchando contra nosotros.

- El "silencio global" o "ley mordaza" es una política estadounidense que prohibe a través de una ley financiar a organizaciones orientadas a la planificación familiar que favorecen la despenalización del aborto o brindan información al respecto. ¿Como impactó en la IPPF esa política?
-Nosotros perdimos todo el dinero que teníamos del gobierno estadounidense porque rechazamos la Ley Mordaza Global. Fueron pocos los socios que se retiraron para poder seguir con el dinero que les permitía dar apoyo a las mujeres más pobres. Es verdad que tuvimos que cerrar clínicas en el continente, pero la mayoría de las entidades asociadas decidió buscar otros fondos.

-Por ejemplo...
-Hay muchos países que nos apoyan, por ejemplo el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, también Japón. El Reino Unido fue el primero en enfrentar esta política estadounidense otorgando fondos (cinco millones de dólares) para la implementación del Programa Global de Abortos Seguros. Con este programa se intenta mejorar el acceso a servicios de abortos seguros. Cuando una mujer necesita realizarse uno lo hace bajo cualquier circunstancia y muchas veces con consecuencias fatales. Según la Organización Mundial de la Salud, las operaciones clandestinas causan la muerte de unas 70 mil mujeres cada año.

-¿Cómo se involucró usted en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductiva?
-Vengo del campo del derecho de la mujer. Empecé mi carrera trabajando en educación para la mujer.

-¿En qué lugar?
-En Brasil, en la Fundación Carlos Chagas. Armamos el primer grupo de estudios de la mujer en ese país.

-Como investigadora principal en la Fundación, usted tuvo un rol pionero en la creación del más destacado centro de estudios de la mujer. ¿Qué edad tenía?
-Déjame ver... ¡Qué buena pregunta! Comencé allí en 1975, así que tenía unos 31 años.

-¿Qué la llevó a dedicar su vida a mejorar el acceso de las mujeres a una sexualidad responsable y una salud reproductiva digna?
-Una pasión por la justicia. Me inicié con el movimiento estudiantil que luchaba por la justicia social. Era la época de las dictaduras en América Latina. Estaba a favor de la libertad de expresión, la eliminación de las desigualdades entre ricos y pobres. Ese es mi pasado.

-¿Qué opinión tiene sobre la situación del aborto en Argentina y sobre la posibilidad de avanzar en su despenalización?
-Hubo cambios importantes en Argentina, espero que en el futuro sigan ocurriendo. El valor de la mujer argentina es impresionante. Hubo avances en el ámbito legislativo con las leyes nacionales de planificación familiar y educación sexual. Creo que este tipo de avances contribuyó a que la opinión pública esté a favor del libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de que el aborto deje de ocasionar muertes y lesiones graves a tantas mujeres. Igualmente hay mucho por hacer.

Reconocida internacionalmente por su labor en el campo de la salud, esta líder presentó el jueves pasado en el Senado el informe Muerte y Negación: Aborto Inseguro y Pobreza, en una presentación organizada por el Centro de Estudios de Estado y la Sociedad (CEDES) y por la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), en el marco del proyecto Aportes para la despenalización del aborto en Argentina.

En ese contexto presentó las estadísticas que son, según señaló "una vergüenza" porque el país cuenta con un nivel de desarrollo capaz de garantizar la posibilidad y capacidad de evitar cualquier amenaza hacia la vida de niñas, jóvenes y adultas. "Sabemos que las y los aquí presentes -dijo ella-- están dispuestos a avanzar en ese sentido y en forma significativa. Estamos aquí para apoyarlos, queremos contribuir a formar una opinión pública firme respecto de este tema".

En ese sentido, ella no dejó de decir en el Senado que este "es un momento muy oportuno para trabajar por el acceso al aborto seguro en Argentina" donde "hay una opinión pública favorable a la despenalización". En ese sentido recordó sin embargo que "para poner fin a la triste estadística, donde el aborto clandestino es la primera causa de mortalidad materna hay que apelar a los y las hablables".

Barroso habló en el Senado ante un auditorio con mayoría femenina. Y en ese contexto habló de las y los "hablables" sin saber si la audiencia la entendía porque no sabía cuál era, si había, una traducción al español. Aún así, al público no le importó. Quienes estaban ahí entendieron y aprobaron rápidamente lo que decía e incorporaron la palabra al debate que se dio sobre en el cierre de la presentación.

La IPPF y sus objetivos
La Federación nació hace más de 50 años de la mano una enfermera estadounidense que empezó a movilizarse cuando notó la gravedad de la situación de las mujeres que no tenían acceso al control de su reproducción. En ese contexto, ella lanzó una campaña para el uso de los anticonceptivos en Estados Unidos, primero con gente de la región, luego asociada a referentes de países más lejanos para lograr un trabajo a nivel internacional.

La enfermera fue Margaret Sanger, quien nació en 1879 en una familia de la clase trabajadora irlandesa y fue testigo del fallecimiento de su madre luego de 18 embarazos y 11 alumbramientos. Con los años, ella estudió enfermería en un hospital de White Plañís, ubicado en uno de los barrios más pobres de Nueva York. Ahí conoció la importancia de desarrollar métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, ya que en su opinión conducían a abortos, a menudo practicados en situaciones insalubres. Ante este panorama, abrió la primera clínica de planificación familiar en 1917, enfrentándose abiertamente con las autoridades del país. Cuando impulsó clínicas de barrio, lugares donde se informaba y facilitaban elementos para el control de la natalidad fue detenida. En 1921 fundó la Liga Americana para el Control de Natalidad, luego convertida en Federación de Planificación Familiar y murió en 1966, poco después de que se suprimiera la prohibición del uso de contraceptivos para parejas casadas.

En este momento, la Federación tiene vínculos en unos 138 países a nivel mundial y está dividida en seis regiones. La Región del Hemisferio Occidental se incorporó en 1954 y está en unos 10 países a través de asociaciones de planificación familiar y organizaciones no gubernamentales. Barroso dirige esa oficina desde 2003 y trabaja con un presupuesto de unos 20 millones de dólares. Las entidades asociadas, que son autónomas, provén alrededor de 18 millones de servicios gratuitos y pagos en más de 10 mil puntos de entrega.

Según Barroso, los trabajos son múltiples. "Estamos presentes en diferentes frentes de batallas -le explicó a Artemisa-- como el acceso a los métodos anticonceptivos, prevención del HIV/Sida, promoción de educación sexual, eliminación de la violencia basada en género, acceso al aborto seguro, entre otros. También trabajamos en el campo del derecho legal a fin de promover la implementación de leyes más justas para las mujeres. Entendemos que el acceso a servicios de información sobre salud sexual y reproductiva de calidad es un derecho humano básico y nuestro trabajo es hacer que estos servicios sean accesibles."