Posicionamiento Político con ocasión de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing

A 30 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, se constituye en un pendiente de la agenda internacional y regional de derechos humanos de las mujeres hacia la igualdad de género, evidenciando los pocos avances en las 12 esferas de especial preocupación  establecidas para eliminar los obstáculos al desarrollo de las mujeres en todo su ciclo de vida. Siendo éstas, la mujer y la pobreza, la mujer y la educación, la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de difusión, mujer y el medio ambiente y la niña.

Son muy pocos los países que han asumido con seriedad y compromiso un análisis de género en su generación de datos estadísticos nacionales. Se cuenta con poca información significativa que den cuenta de los avances, por lo que las organizaciones feministas y de mujeres han asumido, con sus limitaciones, evidenciar la situación de las mujeres en diferentes contextos. 

En el análisis de la situación de las mujeres frente a la pobreza, observamos con preocupación cómo los cuidados se viven más que nunca en como una responsabilidad exclusiva asignada a las mujeres, lo que se constituye en una barrera para su desarrollo y autonomía. Pese a que el trabajo reproductivo que aportan las mujeres constituye en un importante aporte al Producto Interno Bruto en cada país de América Latina, este aporte no sólo queda invisibilizado, sino que se constituye en una importante fuente de pobreza que agota y limita a las mujeres. 

En el proyecto de informe regional sobre el examen de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing a 30 años de su aprobación, en sinergia con la implementación de la Agenda Regional de Género, preparado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se refiere que: 

…en los informes nacionales se señala que la pandemia de COVID-19 causó estragos en las economías y las sociedades de los países y se menciona particularmente el impacto sobre las mujeres y las niñas… En los informes nacionales también se mencionan las repercusiones de la pandemia en la violencia por razón de género y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que las mujeres tuvieron que asumir a raíz de las medidas sanitarias y, en consecuencia, la significativa salida de las mujeres del mercado laboral.

La situación de pobreza se ha agudizado para las mujeres, quienes se ven afectadas por la reducción de los servicios sociales estatales, obligándolas a asumir cada vez más actividades de cuidado por enfermedad, discapacidad o edad de integrantes de sus familias y reducción del ciclo escolar en el sector público. Además, se ven enfrentadas a exigencias de total disponibilidad en el sector laboral, lo que las orilla a la informalidad, sin acceso a créditos por falta de garantías y de la aplicación de acciones afirmativas o medidas compensatorias que les facilite el acceso.  

A nivel global la CEPAL declara que América Latina y el Caribe fue la región del mundo donde la interrupción de las clases presenciales fue más prolongada durante la pandemia, con impactos en el corto, mediano y largo plazo que afectarán a una generación de estudiantes en términos de bienestar socioemocional y oportunidades de aprendizaje, así como de trayectorias y niveles de conclusión educativa.

El acceso a la educación para las mujeres sigue representando una problemática importante, dado que es más accesible para quienes viven en las áreas urbanas y cuentan con los recursos para costear la educación en establecimientos privados. Las niñas en áreas rurales, se ven limitadas por la oferta estatal educativa, que en la mayoría de los casos se reduce a un centro educativo de nivel primario, con una persona docente para todos los grados, viéndose en la necesidad de movilizarse a otros espacios, la mayoría de veces cabeceras municipales, para continuar sus estudios de nivel básico y diversificado. Dado el alto costo del transporte colectivo, se ven las obligadas a caminar hacia los centros educativos, quedando expuestas  a la delincuencia común y particularmente a la violencia sexual, razón por la que en muchos sus familias casos deciden no continuar con los estudios y se ven obligadas a la deserción ante el riesgo que les implica. La educación superior, sobre todo para las niñas, adolescentes y jóvenas mayas, garífunas y xincas, pobres y/o campesinas, no suele ser una posibilidad en sus vidas, por costos, distancias y ofertas educativas. 

En estos contextos la formación profesional, y el acceso a la ciencia y la tecnología, no son posibilidades reales para las mujeres rurales, de diferentes pueblos originarios, marcadas por la pobreza y rodeadas de prejuicios sociales respecto a sus derechos en general, y a la educación en particular. Es preocupante evidenciar cómo los estereotipos limitan el acceso a la educación y obstaculizan la formación en oficios y profesiones poco tradicionales pese a distintos programas de género desarrollados desde los Ministerios de Educación, que siguen recibiendo un mínimo de inversión estatal. 

El tema de salud también es preocupante. CEPAL afirma que desde 2020, en varios países de la región se han implementado y reforzado políticas y programas para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a anticonceptivos modernos, promoviendo la igualdad de género y la protección de derechos. Sin embargo, es poca la inversión estatal para hacer cumplir esos marcos legales, y muchas de sus políticas carecen de programas y proyectos concretos por la falta de recursos y de voluntad política para su implementación, además de seguir centrados en el rol reproductivo de las mujeres, que enfatiza la atención en el embarazo. Por otra parte, se observa que los servicios comunitarios pocas veces cuentan con personal y medicamentos, lo que obliga a movilizarse al nivel municipal, donde las distancias y el costo del transporte colectivo, hacen poco accesible este servicio. En muchos de los casos las mujeres caminan largas distancias para ser atendidas, pero como el servicio se limita a cierta cantidad de pacientes, puede que ese esfuerzo solo encuentre la negativa por falta de cupos para la atención. 

El acceso a la salud está más al alcance de quienes pueden pagar un servicio privado y comprar los medicamentos necesarios. En este contexto, la medicina natural es una opción viable y permite rehabilitar prácticas ancestrales, sin embargo, existe una fuerte actitud deslegitimadora desde el sector salud. Por otra parte, la incidencia de la morbimortalidad materna se ha reducido poco, sobre todo por intervenciones tardías relacionadas con distancias, costos e ineficiencia en la atención, vinculada con tiempos de espera y violencia obstétrica. Además existe aún mucho prejuicio con relación a enfermedades de transmisión sexual, y poca información sobre su diagnóstico y tratamiento, en particular para las mujeres rurales y/o de pueblos originarios. A las mujeres en particular, se les niega la posibilidad de aprender de sus cuerpos, de conocerlos y de opinar sobre los tratamientos. Se carece de inversión en la salud a nivel preventivo y la salud mental no es una prioridad estatal. 

En la región se cuenta con marcos legales e infraestructura institucional para la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sin embargo, el cambio de mentalidad del personal de quienes administran la justicia, en particular de juezas y jueces, ha representado un desafío constante, debido a que pese a la sensibilización, capacitación y formación especializada que se ha generado, persisten resistencias personales al tema. Son pocas las personas en estas instancias que han transformado su mentalidad y que prestan un servicio centrado en los derechos humanos de las víctimas. 

Es lamentable observar cómo en la región persisten las resistencias para una inversión estatal en los Centros de Atención Integral que prestan albergue, atención médica, psicológica, asesoría legal y procesos de empoderamiento económico a las víctimas y sus familias. Esto dificulta que las mujeres cuenten en situaciones de crisis con lugares seguros a dónde acudir y resolver la emergencia, generando que se vean a la deriva al ser lanzadas de sus casas, con sus hijas e hijos. 

En el tema de la trata de mujeres y su asistencia, la percepción general tiende a mostrar que cada vez hay más mujeres adultas y niñas atrapadas en estas redes, sin posibilidad de prevención, intervención y rescate. Es poca la inversión a este nivel y requiere de fortalecer las estrategias regionales desde las fuerzas policiales para la investigación. 

Si bien en la región se registran pocos conflictos armados, aún no se abordan en totalidad sus secuelas en términos de resarcimiento económico y de sanación personal, por lo que muchas mujeres viven y conviven con los violadores en sus comunidades, sin intervenciones que faciliten esta situación para las mujeres afectadas. Por otra parte, territorialmente se viven conflictos similares ante la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, viéndose, sobre todo las adolescentes y jóvenas, en estado de sitio no declarado, debido al secuestro, violación y femicidios en sus contextos, sin intervención policial, por tratarse de territorios tomados por estos grupos y/o por la complicidad de las autoridades competentes. 

Pese a todo esto, la alta capacidad de resiliencia de las mujeres hace que se incorporen a sus contextos incluso laborando de diferentes maneras. De acuerdo con ONU-Mujeres en América Latina y el Caribe el 54% de mujeres se dedica al trabajo informal. 

Desde hace varias décadas se han impulsado emprendimientos, sin embargo, esta alternativa no ha generado un cambio significativo en el caso de la mayoría de las mujeres, debido a que es muy difícil sacar un negocio individualmente, y no se promueve la colectividad ni el cooperativismo. Por otro lado existe mucha competencia y las mujeres carecen de acceso a nuevas tecnologías, por desconocimiento y falta de recursos para la inversión. Además, existen pocos espacios de comercialización rentable y segura para las mujeres, lo que va fomentando finalmente otras formas de informalidad. A esto se suma que existen pocas iniciativas para la conciliación del trabajo productivo con el reproductivo, y las mujeres siguen afrontando solas esta carga, sin la incorporación seria y decidida de los hombres. Desde el Estado no existen iniciativas a este nivel, y desde algunas organizaciones civiles se han generado algunas intervenciones de bajo impacto.

Las mujeres también han encontrado maneras para una participación ciudadana que ha ido en aumento progresivamente, sin embargo, las mujeres asumen cada vez más el trabajo comunitario que es impago e invisible, los cargos comunitarios que tienen alguna remuneración son ocupados exclusivamente por hombres, y la toma de decisiones suele cuestionarse cuando son mujeres quienes impulsan las propuestas. En cargos de toma de decisiones, las mujeres siguen sub-representadas, en la mayoría de los casos rondan la cuarta parte de los puestos.  

La mayoría de países de la región cuenta con algún mecanismo institucional para el adelanto de las mujeres, muchos de ellos sin un presupuesto coherente y con poca autoridad estatal. Pese a ello, persiste el trabajo tesonero de las funcionaras en estas instancias, quienes a través de acciones coyunturales e incidencia, aparentemente de bajo impacto, han ido impulsando acciones y pequeñas transformaciones en el quehacer de algunas instituciones estatales. 

El tema de los derechos de las mujeres por su parte, ha sido poco fortalecido y desde las mujeres perdura la percepción de que las autoridades establecen compadrazgos con los agresores en casos de violencia, y en muchos casos las mujeres no se sienten vistas ni escuchadas, particularmente cuando se precisa de intérpretes. Se evidencia que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres se ve afectado en diferentes espacios, menoscabando derechos como la libre locomoción, la participación, al ocio, y finalmente, a una vida libe de violencias. 

ONU Mujeres afirma que los medios de comunicación e información fomentan y promueven la estigmatización, denigración y cosificación de las mujeres adultas y niñas, incluso la violencia contra ellas, así como la reproducción de modelos y estereotipos de género que las discriminan e infravaloran, pese a que existe el compromiso a nivel internacional de prohibir y sancionar la representación denigrante de las mujeres. Las mujeres en los medios de difusión, siguen sub-representadas como autoras en medios escritos y como protagonistas en medios audiovisuales. 

Las mujeres juegan un papel fundamental en la defensa del medio ambiente, en particular las mujeres rurales y/o de pueblos originarios, lideresas en la adaptación climática para sus comunidades, quienes realizan acciones como: recuperar áreas degradadas, proteger el agua, conservar especies nativas, diversificar sus cultivos, afianzar su seguridad alimentaria, entre otras. Por su parte, las entidades estatales relacionadas con el medio ambiente, suelen ser poco accesibles para las mujeres. 

Con relación a las niñas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) declaran que en América Latina y el Caribe continúan siendo las subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes.

Existen diversas iniciativas desde organizaciones civiles por la protección de las niñas, que son las que promueven, monitorean y denuncian. Este tema encuentra sus peores escenarios, vinculado a la trata de personas, porque cada vez son más las niñas que desaparecen sin tener respuesta de su paradero, o bien se han encontrado asesinadas, sin responsables ni sentencias. 

Ante este panorama, exigimos que los estados de la región, asuman con seriedad las responsabilidades asumidas con la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y que asigne recursos para cumplir con la agenda internacional y regional de derechos humanos de las mujeres de manera urgente, con el acompañamiento y auditoría de las organizaciones feministas y de mujeres así como de la comunidad internacional. 

Las mujeres hemos sostenido este mundo por siglos, es momento de que todas y todos asumamos las mismas responsabilidades para evitar un colapso inminente, porque el deterioro físico y mental que esta carga ha generado históricamente, exacerbado en la actualidad, pone en riego no sólo la vida de las mujeres, sino de la humanidad.