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| Carta
Mundial de las Mujeres a la Ciudad |
* NOTA
Tenemos derecho a exigir igualdad cuando la desigualdad nos
inferioriza, pero tenemos el derecho de reivindicar las diferencias
cuando la igualdad nos descaracteriza, nos oculta o nos desconoce.
Declaración Redes Feministas de A. Latina y el Caribe.
CEPAL, México, 2004.
Debemos admitir el factor género en la ciudad
como la fuente de una nueva cultura compartida, y debemos
participar en la definición de una nueva filosofía
del ordenamiento territorial.
Carta Europea de la Mujer en la Ciudad, 1995.
INTRODUCCION
De donde partimos...
Vivimos en un mundo en proceso acelerado de urbanización
donde las ciudades como principales formas de asentamientos
humanos, expresan simultáneamente el potencial cultural,
tecnológico, de bienes y servicios, producto del
desarrollo y la creatividad humana, capaz de garantizar
el bienestar colectivo de la humanidad. Al mismo tiempo,
la naturaleza y los recursos no renovables del planeta son
fuertemente amenazados y la exclusión y fragmentación
social es una de las heridas más lacerantes que muestra
el territorio de las ciudades.
Conocemos que la riqueza se concentra en manos de unos pocos
y la pobreza condición de la vida de muchos. Sabemos
que estas profundas dualidades de la realidad divide al
mundo en países ricos y pobres y a las ciudades en
ciudadanos y excluidos que carecen de los derechos sociales
y económicos básicos que constituyen la condición
necesaria para adquirir el status de ciudadanos.
Sabemos, también, que el sistema económico
mundial caracterizado por la intensificación de las
relaciones capitalistas, con injustas reglas de comercio
internacional, cercenamiento de la soberanía de los
países, recorte del papel del Estado como principal
garante de los derechos humanos universales, no es ajeno
a esta realidad. Por el contrario, ésta última
es consecuencia y condición intrínseca del
funcionamiento del modelo neoliberal, basado en la lógica
de obtención de mayores beneficios económicos.
Sabemos que la obtención de mayores ganancias precisan
condiciones donde el trabajo de hombres y mujeres y la naturaleza
y sus recursos son las variables de ajuste. Sabemos, también
que la imposición del fundamentalismo económico,
legitima la guerra y los conflictos armados entre países.
Sabemos que son las mujeres las principales afectadas por
un modelo económico que las excluye de sus beneficios
y por el contrario erosiona sus derechos al considerarlas
mano de obra barata para el funcionamiento de la economía
global, al mismo tiempo que asumen el costo social de la
privatización de los servicios públicos que
eran responsabilidad de los Estados.
Por lo tanto debemos saber, también, que más
que "reducir" la desigualdad entre países
y "paliar" la pobreza de amplios sectores sociales
al interior de éstos, es necesario erradicar el modelo
económico que la produce. Este pareciera ser el desafío
de hombres y mujeres en las democracias contemporáneas.
Por qué una Carta de las mujeres por el derecho a
la Ciudad?
Las mujeres y el feminismo, a través de la generación
y difusión de conocimientos y el desarrollo de acciones,
articuladas entre mujeres de la comunidad de distintos sectores
sociales, sus organizaciones y redes, académicas,
políticas, han protagonizado uno de los cambios culturales
mayores del último siglo. Aportar una nueva interpretación
del mundo y la sociedad al cuestionar la subordinación
de las mujeres como sustento de las relaciones sociales
y otorgar así nuevos contenidos a conceptos como
democracia, ciudadanía y participación.
El rol activo de las organizaciones de mujeres y feministas
en las distintos espacios internacionales como las Conferencias
de Naciones Unidas, posibilitó incorporar en las
plataformas de acción de los gobiernos, compromisos
específicos para dar respuestas a las demandas y
propuestas de las mujeres para el logro de sus derechos,
a la educación , a la salud, al trabajo remunerado,
a la participación política, al derecho de
decidir sobre sus cuerpos. El derecho a la ciudad y el acceso
a los bienes y servicios de la misma, es uno de esos derechos.
Esto es sin duda un avance significativo, ya que las mujeres
han aportado históricamente a la construcción
de los asentamientos humanos, al mismo tiempo que la planificación
de éstos no incorporan sus necesidades y las excluye
de las decisiones que afectan sus vidas.
Mucho está dicho y formulado, en cuanto a enunciados
y compromisos, por parte de los gobiernos del mundo, con
relación a los derechos exigidos por las mujeres
y específicamente a garantizar entornos adecuados
para la vida en asentamientos rurales y urbanos. Compromisos
expresados en las Conferencias de Naciones Unidas, de Medio
Ambiente y Desarrollo (1992), Beijing (1995), Hábitat
II (1996), entre otras. Sabemos que estas declaraciones
no son instrumentos jurídicos sino solo recomendaciones.
Sí lo es la CEDAW aprobada en 1979 y ratificada en
1981, como instrumento vinculante jurídicamente y
que constituye un referente relevante para los compromisos
de los gobiernos con la Igualdad de oportunidades de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida.
No podemos dejar de mencionar los objetivos de las Metas
del Milenio con relación a los asentamientos humanos,
como asimismo los avances en materia de reconocimiento de
nuevos derechos sociales, económicos y culturales
(DESC) y la equiparación a nivel internacional de
los DESC con los Derechos Civiles y políticos respecto
a la exigibilidad de las obligaciones contraídas
por los Estados.
Constituye un avance sustantivo haber colocado en la agenda
social y de los gobiernos, los temas de preocupación
de la comunidad mundial desde la visión de las mujeres.
Sin embargo, como lo expresan las distintas declaraciones
de las organizaciones de mujeres y feministas en las instancias
de seguimiento de dichos compromisos, las brechas entre
enunciados y efectivización de los mismos aún
son relevantes. Particularmente, son débiles aún
los mecanismos para efectivizarlos, la asignación
de recursos económicos para llevarlos adelante y.
para monitorear su cumplimiento.
Asimismo, los gobiernos locales han ratificado compromisos
para con las mujeres en espacios específicos internacionales
como la Declaración Mundial de IULA sobre las Mujeres
en el Gobierno Local (1998) y la reciente Declaración
del Congreso Fundador de "Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos" (París 2004).
En este sentido, la presente Carta Internacional por el
derecho de la mujer a la ciudad, se propone enfatizar los
desafíos pendientes para lograr las ciudades equitativas
y democráticas que todas/os aspiramos. Retoma asimismo
la "Carta Europea de la Mujer en la Ciudad " (1995)
y las declaraciones del Encuentro "Construyendo ciudades
por la Paz" ( ) y la "Declaración de Montreal
sobre la seguridad de las mujeres" (2002).
Es una Carta abierta a futuras y nuevas propuestas. Este
es el camino construido por las organizaciones de mujeres
y feministas en el mundo para alcanzar muchos de los derechos
del que estuvimos históricamente excluidas. Articulando
esfuerzos entre mujeres de todos los países y regiones,
evaluando críticamente los resultados de las acciones,
respetando la diversidad que nos caracteriza ( clase social,
etnia, edades, nacionalidad, cultura) y consensuando intereses
en pos de la utopía de "otro mundo posible",
donde la diferencia sexual no se traduzca necesariamente
en desigualdad social. De las experiencias, las mujeres
aprendimos a construir, reformular, proponer y avanzar.
PLANTEO DEL PROBLEMA
1. LAS MUJERES Y LA GESTION DEMOCRÁTICA DE
LA CIUDAD
1.1 La participación y el poder local
La integración sistemática de las mujeres
vigoriza los cimientos democráticos, la eficiencia
y la calidad de los gobiernos locales. Para que los gobiernos
locales puedan satisfacer las necesidades de las mujeres
y de los hombres deben basarse en las experiencias de ambos
géneros, a través de una representación
equiparable en todos los niveles de decisión abarcando
el amplio espectro de responsabilidades de los gobiernos
locales. (Declaración Mundial de IULA sobre las Mujeres
en el Gobierno Local; 1998)
Sin embargo:
- El porcentaje de participación de las mujeres en
los máximos cargos ejecutivos y de decisión
política en los gobiernos de las ciudades de todos
los países, está lejos de ser equitativa,
ya que las mujeres como sujetos políticos carecen
en la práctica de una posición de igualdad.
- Las áreas de la mujer cuando existen en la estructura
del gobierno local están desjerarquizadas y no cuentan
con presupuesto asignado, ni capacidad de operativizar propuestas.
- el trabajo no remunerado y "voluntario" en la
comunidad, en particular en los sectores más pobres
y empobrecidos de nuestras ciudades es realizado por mujeres,
producto de la privatización y/o reducción
de los servicios públicos, y "naturalizado"
como extensión del trabajo doméstico - privado
asignado históricamente a las mujeres.
- Las mujeres cumplen el papel de mediadoras y activadoras
de los programas y servicios sociales de las políticas
públicas y no son destinatarias por si mismas como
ciudadanas.
1.2 La participación en la planificación urbana
y territorial
Es necesario formular y reforzar políticas y prácticas
para promover la plena participación y la igualdad
de la mujeres en la planificación de los asentamientos
humanos y en la adopción de decisiones al respecto.
(Hábitat II, 46 e)
Sin embargo:
- Las mujeres continúan ausentes de las decisiones
vinculadas a la planificación territorial y urbana
de nuestras ciudades. Es decir del contexto y entorno físico
donde viven, trabajan y sueñan. Son más del
50% de la población de las ciudades y es un hecho
reconocido su participación en la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de los asentamientos humanos
ya que han asumido históricamente un rol protagónico
en los movimientos sociales urbanos en la defensa de la
tierra, la vivienda y los servicios.
1.3 La participación en el control de las inversiones
y el gasto público
La participación es una exigencia ciudadana y condición
de la gestión democrática de las ciudades:
el presupuesto participativo es potencialmente una de las
herramientas más importantes que algunos gobiernos
comienzan a implementar, respondiendo a criterios de transparencia,
ya que expresa las prioridades económicas, sociales
y culturales y por lo tanto a quienes y cuantos se beneficia
con la asignación y distribución de los recursos
públicos.
Sin embargo:
- El presupuesto se considera neutro de género, asumiendo
que responde a las necesidades de la población en
su conjunto, negando la existencia de diferencias sociales,
etarias, culturales y de sexo y por lo tanto desconociendo
las necesidades y requerimiento específicos de las
mujeres, como así también sus aportes económicos
a través del trabajo no remunerado en el ámbito
privado y comunitario.
1.4 Los obstáculos para la participación y
la ciudadanía activa de las mujeres
Para participar es necesario tener las condiciones para
hacerlo, no basta la libertad y el derecho. Un tratamiento
igualitario en un contexto de desigualdad puede significar
reforzar inequidades. Sabemos que las necesidades no se
dirimen en un plano de igualdad, prevaleciendo las necesidades
de los que tienen mayor poder (social y de género).y
en consecuencia legitimando como intereses colectivos sus
propios intereses.
Sin embargo:
- Existen todavía obstáculos para la participación
real de las mujeres, producto de la división sexual
del trabajo en el hogar, la falta de recursos económicos,
de tiempo por superposición de actividades (trabajo
remunerado y doméstico), de movilidad, de acceso
a la información, subrepresentación en organizaciones
de la comunidad.
- Asimismo, existen discriminaciones que afectan particularmente
a determinados grupos sociales, ..."las mujeres no
somos todas iguales pero algunas somos más iguales
que otras y las mujeres jóvenes, las indígenas,
las desplazadas, las migrantes, las afro descendientes,
organizadas o no, han quedado fuera de la toma de decisiones
públicas que afectan sus vidas" (Declaración
Redes Feministas de A. Latina. CEPAL, México 2004).
2. LAS MUJERES Y EL DERECHO A UNA CIUDAD SUSTENTABLE
2.1 el acceso a los servicios públicos urbanos
Las mujeres son las principales usuarias de los servicios
y equipamientos urbanos, ya que no obstante su incorporación
al trabajo remunerado, la división del trabajo en
el hogar no se ha modificado y continúan siendo las
principales responsables de las actividades domésticas
e intermediarias de las necesidades familiares. La incompatibilidad
de la localización entre la vivienda, el empleo y
las actividades urbanas con sus consecuencias en el "recurso
tiempo", es uno de los principales obstáculos
de las mujeres para su autonomía y ciudadanía
activa.
Sin embargo:
- La liberalización comercial y financiera, con su
proceso de privatizaciones, afecta cada vez más fuertemente
las políticas públicas de prestación
de servicios esenciales, influenciando la economía
del cuidado o de la reproducción social, que recae
fundamentalmente sobre las mujeres. (Declaración
Redes Feministas - CEPAL Brasil)
- Las políticas urbanas y habitacionales continúan
en gran medida, asumiendo en la práctica, no obstante
las declaraciones y compromisos de los gobiernos, (Habitat
II,1996), un concepto limitado de vivienda sin considerar
la interdependencia de la misma con el acceso al empleo,
los servicios públicos, las redes de infraestructura,
la calidad ambiental, con consecuencias para la vida de
la población y especialmente las mujeres.
2.2. el acceso al agua potable
En la mayoría de los países en desarrollo,
según investigaciones de UNIFEM, las mujeres son
las responsables de la gestión del agua a nivel doméstico
y comunitario.... "Esta desigualdad genérica
tiene implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres
no solo desde el punto de vista de sus derechos sino que
les impide involucrarse en actividades como la educación,
la generación de ingresos, la política, el
descanso y la recreación. (WHRnet. Las mujeres y
la privatización del agua, 2003)
Sin embargo:
- La privatización del agua, impuesta a varios países
por el Banco Mundial y el FMI como condición para
el otorgamiento de préstamos, excluye del acceso
al servicio a quienes no pueden pagarla, poniendo en peligro
la vida y salud de la población y especialmente para
las mujeres. De los 1.2 billones de personas que no tienen
acceso al agua, más de la mitad son mujeres y niñas.
(WHRnet. Las mujeres y la privatización del agua,
2003)
2.3. las condiciones de seguridad en la ciudad
La percepción de inseguridad urbana es uno de los
problemas más preocupantes de nuestras ciudades agravada
por el tratamiento que dan a la misma los medios de comunicación,
que promueven respuestas autoritarias y represivas. La violencia
que se experimenta o se percibe como amenaza cierta, ejerce
un efecto de restricción para el acceso, uso y apropiación
de la ciudad por parte de la ciudadanía y en especial
de las mujeres, constituyendo uno de los obstáculos
más importantes para su desplazamiento y por lo tanto
su autonomía.
Sin embargo:
- se invisibiliza la inseguridad que afecta específicamente
a las mujeres, no solo la violencia en el ámbito
privado sino la violencia de género en la ciudad.
Conductas agresivas y violentas, en las calles, los espacios
públicos, los medios de transporte, (ofensas, acoso
sexual, violaciones). Criminalidad que no siempre es denunciada
y menos aún sancionada, como es posible verificarlo
en la relevante brecha existente entre casos denunciados
por las víctimas y sanción a los agresores.
- es poco reconocida y tenida en cuenta por la planificación
física de la ciudad, la vinculación entre
prevención del delito y las condiciones y diseño
de la ciudad y sus espacios públicos.
2.4 la movilidad en la ciudad
El transporte público es utilizado mayoritariamente
por las mujeres, que en muchas ocasiones se desplazan con
niños pequeños o acompañando enfermos
o ancianos. Las condiciones del transporte público,
su trazado, seguridad, funcionalidad, condicionan las decisiones
de las personas respecto a las actividades a realizar por
los costos económicos y de tiempo. Asimismo los desplazamiento
de las mujeres en la ciudad son diferentes a la de los hombres
por la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado
y doméstico.
Sin embargo
- En muchas ciudades y en particular en las de mayor escala
donde la necesidad de desplazamientos es mayor, el transporte
público es deficiente, especialmente en los sectores
más pobres, obstaculizando la búsqueda de
mejores alternativas laborales, la participación
ciudadana, las posibilidades de recreación y uso
del tiempo libre.
- Las necesidades diferenciadas de varones y mujeres en
los desplazamientos en la ciudad no son consideradas en
las políticas de transporte público. En los
sectores más pobres Incrementa la exclusión
social, aislando las mujeres en sus viviendas y barrios.
2.5 la relación con el medio ambiente
Los riesgos ambientales para la salud relacionados con la
contaminación en las zonas urbanas "pueden tener
un efecto desproporcionado sobre la salud de las mujeres
y los niños en razón de su diferente susceptibilidad
a los efectos tóxicos de diversas sustancias químicas,
de su diferente exposición a ellos y del carácter
de las tareas que frecuentemente realizan las mujeres"
(Hábitat- texto oficial)
Sin embargo
- La elevada contaminación ambiental en las áreas
urbanas de la mayoría de los países se acrecienta,
agravada por la urbanización acelerada, la deforestación
de áreas naturales, la utilización de productos
químicos nocivos. Se estima que aproximadamente un
billón de personas viven actualmente en asentamientos
informales sin servicios de saneamiento básico, en
zonas de riesgo ambiental. Asimismo, en viviendas construidas
con materiales inadecuados o peligrosos para la salud humana.
- En los países en vías de desarrollo, las
empresas multinacionales con frecuencia no cumplen las legislaciones
laborales de protección de las personas y condiciones
de seguridad en el trabajo, ni las normativas de control
de impacto ambiental que son exigencia en sus países
de origen. En muchas áreas de actividad la mano de
obra barata son las mujeres.
- Las políticas ambientales y de desarrollo sustentable
consideran a las mujeres ya sea como víctimas del
deterioro ambiental, o bien como un recurso útil
"agentes ambientales" para contrarrestar el deterioro
ecológico y favorecer la eficacia en las acciones.
Las mujeres están ausentes en los niveles de decisión
del manejo de los recursos naturales y especialmente los
no renovables.
2.6 el acceso a la tenencia segura de la vivienda
En la mayoría de los países hay avances en
cuanto a los marcos legales que reconocen a las mujeres
el derecho a la propiedad y la herencia. La mayoría
de las constituciones de los países no restringe
la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, y protegen
el derecho a la propiedad, en especial la propiedad privada,
favoreciendo la adquisición de vivienda para todos
los ciudadanos/as.
Sin embargo:
- persisten prácticas culturales y mecanismos que
limitan la efectiva aplicación de las leyes. Las
mujeres de sectores pobres y empobrecidos, mujeres solas
con hijos, mujeres desplazadas por conflictos armados, por
desastres naturales y por especulación económica
del suelo, mujeres migrantes, como asimismo indígenas
y afrodescendientes, sufren limitaciones y /o discriminaciones
para el acceso a la tenencia segura de la vivienda, o a
subsidios y créditos para la misma.
- Las mujeres en un alto porcentaje no cumplen con los criterios
de elegibilidad para el acceso a la vivienda subsidiada
o subvencionada. Estos presuponen ingresos regulares y empleos
formales, mientras que los ingresos de las mujeres provienen
de empleos informales e inestables.
PROPUESTA
FORO MUNDIAL DE MUJERES EN EL CONTEXTO DEL FORO MUNDIAL
DE LAS CULTURAS.
BARCELONA, JULIO 2004
DIALOGO MUJER Y CIUDAD
1. Reconociendo los Compromisos contraídos por los
gobiernos de las ciudades "para crear sociedades pacíficas,
sostenibles, inclusivas para todos, basadas en la solidaridad,
el respeto de la ciudadanía, de la gobernabilidad
y de los derechos humanos" (Declaración del
Congreso Fundador de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos,
parís, 2004)
2. Reconociendo los compromisos contraidos por los gobiernos
de las ciudades con las mujeres, expresados en la CEDAW,
y las distintas conferencias de Naciones Unidas, Medio Ambiente
(1992), BEIJING (1995), HABITAT (1996), compromisos que
son resultado del consenso de los gobiernos con la sociedad
civil, y producto del trabajo de décadas de las organizaciones
de mujeres y feministas articulando demandas y propuestas
en torno a la ampliación de sus derechos ciudadanos.
3. Reconociendo los compromisos de los gobiernos de las
ciudades en la Declaración Mundial de IULA sobre
las Mujeres en el Gobierno Local (1998) como asimismo la
Declaración Final del Congreso Fundador Ciudades
y gobiernos locales Unidos, (Paris, mayo 2004)
4. Ratificando las distintas declaraciones de las organizaciones
de mujeres y feministas a nivel internacional, en los procesos
de seguimiento y monitoreo de los compromisos adquiridos
por los gobiernos de las ciudades del mundo en las distintas
conferencias de Naciones Unidas.
Las mujeres, pedimos a los gobiernos de las ciudades:
CUMPLIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS
ASIGNAR RECURSOS PARA SU EFECTIVIZACION
MOSTRAR LOS AVANCES A TRAVES DE LOGROS MEDIBLES CUANTITATIVA
Y CUALITATIVAMENTE
1. GESTION DEMOCRÁTICA DEL TERRITORIO
"No hay democracia sin participación paritaria
de las mujeres y los hombres en los ámbitos de representación
y decisión locales. La participación de las
mujeres en la politica local y la resolución de sus
objetivos de igualdad, serán una de las preocupaciones
centrales de nuestra organización " Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos
Paris, 5 de mayo de 2004
Con el fin de crear gobiernos locales sustentables, igualitarios
y democráticos, donde mujeres y hombres puedan participar
en forma equitativa en la toma de decisiones, y para que
tengan acceso equiparable a los servicios, la perspectiva
de género debe ser integrada transversalmente en
todos los sectores de definición de políticas
y de gestión de los gobiernos locales.
Declaración Mundial de IULA sobre las Mujeres en
el Gobierno Local
Zimbawe 1998)
Para efectivizarlo, las mujeres hacemos en llamado a la
acción y decimos que es necesario:
- Legislaciones afirmativas, Ley de Cuotas o Cupos, que
garanticen la participación de las mujeres en el
gobierno local en los máximos ámbitos de decisión:
ejecutivo y legislativo, como así también
en consejos, asociaciones vecinales, apoyando la formación
de liderazgos femeninos..
- Reconocer formalmente a las organizaciones de mujeres
y feministas como interlocutoras del gobierno local de las
ciudades, para la toma de decisiones en materia de políticas
públicas y específicamente para la planificación
física de la ciudad, (provisión de infraestructura
y servicios, seguridad urbana, proyectos habitacionales,
espacios públicos) institucionalizando procedimientos
para la consulta y participación que garanticen políticas
urbanas que responden a las necesidades diferenciadas y
específicas de las ciudadanas y ciudadanos.
- Institucionalizar en la estructura del gobierno local
de las ciudades áreas de la mujer con presupuesto
propio, que garanticen la transversalización de género
en todas las áreas del quehacer municipal y en las
políticas públicas, programas y planes de
gobierno.
- Desarrollar acciones que garanticen las condiciones para
la participación efectiva de las mujeres en las decisiones
sobre la ciudad, en el ordenamiento del medio ambiente y
en el desarrollo local, teniendo en cuenta los obstáculos
para la participación en un plano de igualdad (estereotipos
culturales, distribución desigual del trabajo dentro
de la familia, desempleo, mujeres únicas responsables
del hogar, edad, condición social, discriminación
por nacionalidad, etnia, orientación sexual).
- Implementar políticas públicas que aporten
a transformar la división del trabajo en el mundo
privado, y a modificar la dicotomía entre actividades
publicas y privadas y los cambios culturales necesarios.
- Elaborar presupuestos participativos sensibles al género,
que garanticen la participación de las mujeres y
sus organizaciones en la definición de prioridades
para la asignación de gastos e inversiones públicas
en el territorio de la ciudad, teniendo en cuenta su diversidad
social, etaria, étnica y cultural.
- Incorporar a las estadísticas oficiales encuestas
sobre el uso del tiempo, que visibilicen el aporte económico
de las mujeres, que realizan a través de la producción
de bienes y servicios en el hogar y de las actividades comunitarias
y políticas sociales, basadas en el tiempo y trabajo
no remunerado de las mujeres. El trabajo de las mujeres
que se organizan para mejorar las condiciones de su comunidad
debe ser remunerado con salario y prestaciones sociales
justas.
- Desarrollar indicadores urbanos de género, que
permitan conocer la calidad de vida en la ciudad de ciudadanos
y ciudadanas, a través del acceso a distintos servicios,
y permitan asimismo, controlar el cumplimiento efectivo
de los compromisos de los gobiernos con la igualdad de oportunidades
para mujeres y varones en el acceso y apropiación
de la ciudad.
2. CIUDADES SUSTENTABLES COMO UN DERECHO HUMANO
El derecho a la ciudad es interligado e interdependiente
a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
concebidos integralmente. Luego, incluye el derecho a la
tierra, a los medios de subsistencia, al trabajo, a la salud,
educación, cultura, habitación, protección
social, seguridad, medio ambiente sano, saneamiento, transporte
público, entretenimiento e información...
Carta mundial por el derecho a la ciudad
Suscripta por distintas organizaciones y movimientos sociales.
FSM, Porto Alegre 2002
Para efectivizarlo, las mujeres hacemos un llamado a la
acción y decimos que es necesario:
1. Acceso a la tenencia segura de la vivienda y a los servicios
urbanos
- Promover acciones afirmativas que equiparen los derechos
de las mujeres a los hombres, reconociendo que más
allá de las legislaciones que establecen que hombres
y mujeres tienen iguales derechos, se requiere la transformación
cultural (practicas y tradiciones) que permita revertir
situaciones de subordinación e inequidad.
- Implementar Políticas de vivienda que contemplen
la inserción social diferenciada de las mujeres,
fundamentalmente en la economía informal las más
pobres, como asimismo distintas situaciones de vulnerabilidad
social: mujeres desplazadas por conflictos armados, inmigrantes,
mujeres únicas responsables de sus hogares.
- Incorporar en las políticas públicas de
vivienda las perspectivas de diversidad cultural y étnica,
eliminando toda forma de discriminación para el acceso
a la vivienda, créditos y subsidios, por razones
de sexo, edad, etnia, orientación sexual, credo o
nacionalidad, sin ignorar los intereses específicos
de las mujeres en un ámbito de equidad.
- Desarrollar una política de descentralización
funcional, que considere la distribución equitativa
en el territorio de los servicios y equipamientos urbanos.
Asimismo contemplar en las políticas habitacionales
el acceso a los servicios interdependientes de la vivienda
y a las actividades urbanas en general que posibilitan la
calidad de vida..
- Priorizar la creación de infraestructuras, servicios
y equipamientos destinados a la población dependiente
(niños/as, ancianos, discapacitados) cuyo cuidado
ha sido y continúa siendo responsabilidad de las
mujeres, y obstáculo para su ciudadanía plena.
- Considerar en el diseño de la ciudad la superación
de las barreras arquitectónicas que obstaculizan
el uso de la misma, discriminan y excluyen a personas con
discapacidades transitorias o permanentes, ancianas/os,
etc.
- Controlar de forma efectiva el encarecimiento de las prestaciones
y calidad de los servicios de las empresas prestatarias,
ante el acelerado proceso de privatizaciones, garantizando
al conjunto de la sociedad el acceso a los servicios públicos.
Asimismo, desarrollar mecanismos para garantizar dicho acceso
(subsidios o tarifas diferenciadas), y en particular para
los sectores más excluidos socialmente y entre ellos
las mujeres. Los gobiernos locales deben asumir conjuntamente
con las empresas prestatarias esta responsabilidad, participando
a todos los sectores sociales.
- Garantizar, especialmente, el acceso al agua potable y
saneamiento, por el impacto en la salud de la población
y especialmente la de las mujeres, quienes están
más expuestas por las actividades domésticas
y comunitarias que socialmente se les asigna, como asimismo
las consecuencias sobre su vida cotidiana (incrementos de
tiempos y esfuerzos). El agua no es una mercancía,
y por lo tanto no debiera ser privatizada ni comercializada.
2. Transporte público seguro y adecuado a los requerimientos
de movilidad de las mujeres
- generar información desagregada por sexo sobre
los desplazamientos en la ciudad, a través de estudios
de origen y destino de los viajes, a los fines de diseñar
políticas de transporte público que respondan
a las necesidades diferenciadas de varones y mujeres facilitando
el uso, disfrute y apropiación de la ciudad.
- Incorporar al sistema de transporte la seguridad física
como condicionante de la movilidad de las personas, minimizando
situaciones de riesgo y de agresión, en particular
para las mujeres.
3. Ciudades seguras para las mujeres, ciudades seguras para
todos
- Diseñar políticas públicas de seguridad
urbana que prevengan la violencia ejercida sobre las mujeres
y las niñas/os en la ciudad, basadas en nuevas formas
de cuidado y protección de las personas, que privilegien
un enfoque preventivo y no represivo, involucrando a todos
los sectores sociales, hombres y mujeres
- Integrar la seguridad urbana como atributo del espacio
físico en la planificación de la ciudad y
los programas y proyectos sectoriales, que promuevan espacios
públicos, entornos barriales, centros de las ciudades,
calles, periferias urbanas, más seguras para toda
la ciudadanía.
- Promover campañas de sensibilización sobre
la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos
humanos, dirigidas a la población en general, involucrando
a distintos sectores sociales, a la comunidad educativa
y particularmente los medios de comunicación como
principales formadores de opinión y potenciales aliados
para cuestionar estereotipos culturales que legitiman conductas
violentas contra las mujeres.
4. Transformaciones culturales que reviertan las situaciones
de inequidad social y de subordinación de género
en todos los ámbitos de la vida
- Comprometer a los gobiernos locales, para priorizar la
capacitación de funcionarios/as, técnicos
y profesionales, en la temática de género,
que permita transversalizar el diseño de las políticas
públicas, programas y proyectos urbanos.
- Comprometer al sector educativo en general y las universidades
en particular, para promover desde las distintas disciplinas
y particularmente la arquitectura y la planificación
urbana, incorporar el género como parte constitutiva
del conocimiento disciplinar y promover investigaciones
que aporten a transformar la visión androcéntrica
de la ciudad.
- Comprometer a los medios de comunicación, para
constituirse en los principales difusores de una cultura
de la equidad entre varones y mujeres, cuestionando los
estereotipos que promueven la subordinación de las
mujeres en la sociedad y consolidan su exclusión
de la ciudad.
- Comprometer a varones y mujeres a trabajar conjuntamente
para crear una sociedad global, justa, equitativa y solidaria.
Para lograrlo es necesario comprender que la división
sexual del trabajo es uno de los obstáculos para
la ciudadanía plena de las mujeres. La ciudad, la
organización del espacio, como expresión de
las relaciones sociales y de género, puede y debe
promover los cambios culturales necesarios.
Las mujeres reunidas en el Foro Mundial de las Mujeres
Solicitamos que los puntos levantados en esta carta sean
considerados en la "Carta Mundial por el Derecho a
la ciudad" y la Agenda Local 21 de la Cultura (que
será aprobada por el foro de Autoridades Locales
para la Inclusión social). Ambas iniciativas serán
presentadas en el Foro Urbano Mundial (Barcelona, septiembre
2004)
| Nota:
La redacción de esta versión preliminar fue realizada
por Liliana Rainero, Coordinación de la Red Mujer y Hábitat
de América Latina, a solicitud de las organizadoras del
Foro Mundial de Mujeres Barcelona 2004.
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ARRIBA
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