El COVID-19 ha puesto en evidencia las profundas desigualdades sociales en diferentes esferas de la vida humana, una de ellas la precariedad de la vivienda para la mayoría de la población del planeta. El confinamiento impuesto en los países ha implicado quedarse en una casa, que no ofrece las seguridades, el abrigo y la comodidad que el derecho a una vivienda adecuada establece dejando en claro que un hogar es mucho más que un techo, debe permitir trabajar, estudiar y realizar los trabajos del cuidado con la tranquilidad de que se cuenta con servicios básicos e infraestructura para las medidas de higiene, en especial el agua, con suficiente espacio para el distanciamiento físico. Una vivienda localizada en un entorno con acceso a espacios públicos verdes y abiertos, y provisión de servicios de salud, escuelas y centros de atención integral para la niñez, y las personas mayores dependientes y con diversidad funcional, víctimas de violencias en contra de mujeres y niñas, entre otras instalaciones sociales. Un territorio que facilite el acceso a la movilidad y a las oportunidades de trabajo.
Se estima que 1.800 millones de mujeres, hombres, niñas, niños en todas sus diversidades: indígenas, migrantes, población con VIH SIDA, afrodescendientes, comunidad LGTBIQ en las ciudades de todo el mundo ya vivían en barrios marginales y asentamientos informales antes de la pandemia. Habitaban en viviendas inadecuadas o sin hogar, y que en el actual contexto están experimentando problemas de salud debido a la ausencia de servicios básicos, espacio para el autoaislamiento y la exposición a múltiples peligros socioeconómicos y ambientales, incluidos disturbios y violencia, inundaciones, incendios, contaminación, incrementando para estas personas, la situación de vulnerabilización social a la que ya estaban expuestas antes del COVID-19.
Este lamentable panorama a nivel mundial, nos convoca a demandar a los estados que con la mayor brevedad implementen políticas y acciones para garantizar el derecho universal a la tenencia segura de la vivienda para la diversidad de la población y no como un producto del mercado. Programas que prioricen a grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres a cargo del hogar, victimas de violencia, personas mayores en condición de discapacidad o de enfermedad crónica, entre otros. Familias y personas que su condición socioeconómica no les permite acceder a una vivienda en el mercado inmobiliario.
Demandamos políticas y programas con un enfoque de género, los estados y los gobiernos deberán enfatizar en quienes por su situación social se ven doble y hasta triplemente discriminadas: mujeres de pueblos originarios, por lo que es vital garantizar el hábitat ancestral de comunidades indígenas y afrodescendientes. De igual manera, es importante e impostergable implementar con recursos públicos los programas de mejoramiento de vivienda en los territorios y otros programas de fortalecimiento de iniciativas para la gestión social de la vivienda, dado que mientras la única o mayor opción de acceso a la vivienda adecuada se centre en el mercado inmobiliario, el problema persistirá, por lo que se hace urgente diversificar la oferta pública de tenencia segura de la vivienda: propiedad colectiva, y en arriendo.
El COVID-19 ha puesto de manifiesto, en forma dramática, la dimensión del trabajo no remunerado y el tiempo dedicado de las mujeres en la gestión de la reproducción de la vida cotidiana y el cuidado. Hoy es un momento en que es clave poner en el centro de la discusión la redistribución del cuidado. Es fundamental que los programas públicos de mejoramiento de vivienda y barrial garanticen servicios de cuidado de acceso universal, con equipamientos, infraestructura y espacios públicos seguros, particularmente frente a crisis ambientales y pandemias, incluyendo además el apoyo a la creación de jardines y huertos urbanos para garantizar la seguridad alimentaria de forma autónoma y con pertinencia cultural.
Exigimos que en esta respuesta se generen los mecanismos necesarios para erradicar la corrupción que, en proyectos de vivienda, tanto en la selección de personas beneficiarias, como en la mala calidad de materiales y en la negligencia en los procesos de construcción, por lo que deberá promoverse una participación ciudadana activa, así como una auditoría social permanente.
El nuevo escenario, provocado por la pandemia en que se desenvuelve y proyecta la vida urbana ha puesto en evidencia la importancia del entorno del barrio y sus potencialidades. Ese lugar cercano que contiene y aporta recursos para la reproducción de la vida cotidiana y nos conecta con otras, otros, otres en condición primordial de la vida en la ciudad. Por tanto, es primordial pensar en propuestas que respondan de forma adecuada a las necesidades de abastecimiento, cuidados, salud, educación, seguridad y sociabilidad en un territorio de proximidad.
Nos solidarizamos con la población en general, y con las mujeres y feministas en particular, reconociendo el trabajo de sostenimiento de la vida que han realizado por sus familias y su entorno comunitario y/o barrial. Por su creatividad e iniciativa para enfrentar de manera individual y su capacidad organizativa para responder colectivamente a los diversos efectos agravados por la crisis de la pandemia.
Statement on World Habitat Day
COVID-19 has highlighted the deep social inequalities in different spheres of human life, one of them the precariousness of housing for the majority of the planet's population. The confinement imposed in the countries has implied staying in a house, which does not offer the security, shelter and comfort that the right to adequate housing establishes, making it clear that a home is much more than a roof, it must allow work, study and to carry out care work with the peace of mind that there are basic services and infrastructure for hygiene measures, especially water, with enough space for physical distancing. A home located in an environment with access to green and open public spaces, and provision of health services, schools and comprehensive care centers for children, and dependent older people and with functional diversity, victims of violence against women and girls, among other social facilities. A territory that facilitates access to mobility and job opportunities.
It is estimated that 1.800 million women, men, girls, boys in all their diversities: indigenous, migrants, population with HIV AIDS, Afro-descendants, LGTBIQ community in cities around the world already lived in slums and informal settlements before the pandemic . They lived in inadequate or homeless housing, and that in the current context are experiencing health problems due to the absence of basic services, space for self-isolation and exposure to multiple socio-economic and environmental hazards, including riots and violence, floods, fires, contamination, increasing for these people, the situation of social vulnerability to which they were already exposed before COVID-19.
This unfortunate global outlook calls us to demand that the states implement policies and actions as soon as possible to guarantee the universal right to secure housing for the diversity of the population and not as a product of the market. Programs that prioritize groups in vulnerable situations: women in charge of the home, victims of violence, elderly people with disabilities or chronic illnesses, among others. Families and people whose socioeconomic status does not allow them to access a home in the real estate market.
We demand policies and programs with a gender approach, states and governments should emphasize those who, due to their social situation, are doubly and even triple discriminated against: indigenous women, so it is vital to guarantee the ancestral habitat of indigenous and Afro-descendant communities. Similarly, it is important and urgent to implement with public resources the housing improvement programs in the territories and other programs to strengthen initiatives for the social management of housing, since while the only or greater option of access to adequate housing focuses on the real estate market, the problem will persist, so it is urgent to diversify the public offer of secure housing tenure: collective property, and for rent.
COVID-19 has dramatically highlighted the dimension of unpaid work and the time spent by women in managing the reproduction of daily life and care. Today is a time when it is key to put care redistribution at the center of the discussion. It is essential that public housing and neighborhood improvement programs guarantee universal access care services, with equipment, infrastructure and safe public spaces, particularly in the face of environmental crises and pandemics, also including support for the creation of gardens and urban gardens for guarantee food security autonomously and with cultural relevance.
We demand that in this response the necessary mechanisms be generated to eradicate corruption that, in housing projects, both in the selection of beneficiaries, as well as in the poor quality of materials and in the negligence in the construction processes, for which it must promote active citizen participation, as well as a permanent social audit.
The new scenario, caused by the pandemic in which urban life unfolds and is projected, has highlighted the importance of the neighborhood environment and its potential. That nearby place that contains and provides resources for the reproduction of daily life and connects us with others, others, others in a primordial condition of life in the city. Therefore, it is essential to think about proposals that respond adequately to the needs of supply, care, health.
The new scenario, caused by the pandemic in which urban life unfolds and is projected, has highlighted the importance of the neighborhood's environment and its potential. That nearby place that contains and provides resources for the reproduction of daily life and connects us with others, others, others in a primordial condition of life in the city. Therefore, it is essential to think of proposals that adequately respond to the needs of supply, care, health, education, security and sociability in a neighboring territory.
We stand in solidarity with the population in general, and with women and feminists in particular, recognizing the life-sustaining work that they have done for their families and their community and / or neighborhood environment. For their creativity and initiative to face individually and their organizational capacity to respond collectively to the various effects aggravated by the crisis of the pandemic.